El
PROTOCOLO Y LA ADMINISTRACION LOCAL
Mª Adelaida Pérez-Aldana y Romero
Tenerife – Islas Canarias - España
El protocolo
es la imagen del poder, define y ordena sus signos.
Históricamente, desde las antiguas civilizaciones, ha supuesto
el conjunto de formas externas de consideración y respeto
a las jerarquías, formas vinculadas a la idea de poder
y a su ejercicio, protagonizando tanto a las actividades cotidianas
como las apariciones públicas de quienes detestan el poder.
De algún modo supone la interrelación entre las
instituciones y sus públicos.
El actual
fenómeno globalizador supone una mayor necesidad de comunicación
y trato social.
El Protocolo
en la actualidad constituye el conjunto de normas, costumbres
y técnicas necesarias para la realización de los
actos, públicos o privados, y la ordenación de sus
invitados.
Así,
la celebración de los actos oficiales se regula por este
conjunto de normas y disposiciones legales, junto con los usos,
costumbres y tradiciones.
El objetivo
perseguido por el Protocolo es doble:
- conseguir
la justicia que conlleva el orden en el procedimiento previo a
toda acción de presencia pública como garante de
la confianza mutua.
- La proyección adecuada de la identidad institucional
de cara a la formación de una imagen óptima.
La ordenación
protocolaria asegura también la transmisión idónea
del mensaje organizacional de modo que llegue al público
de manera directa en la comunicación no verbal por el sistema
ceremonial, constituyendo de este modo una técnica de reconocimiento
no verbal del sistema de relaciones establecidas por la institución
con sus distintos universos, de forma que sus dimensiones espaciales
y temporales proporcionen las claves de su conocimiento.
En esa trama comunicativa que componen ceremonias y actos públicos
la imagen debe corresponder a la identidad.
El Protocolo
se configura así como elemento ordenador y definidor a
través de la ubicación de personas y entidades en
un espacio y un tiempo, en base a unas reglas preestablecidas
y aceptadas por la comunidad.
Por su parte,
el Ceremonial responde a planteamientos estéticos y funcionales
que complementan los valores, principios y objetivos de la institución
emisora.
JUSTIFICACION DEL PROTOCOLO
Las administraciones públicas acuden hoy al Protocolo como
medio de eficacia universalmente reconocido para organizar la
proyección externa de sus relaciones de poder con otras
instituciones.
La existencia
del Protocolo en la vida oficial se justifica con la necesidad
de ordenar de acuerdo a los criterios vigentes y con el fin que
persigue, que no es otro que la ordenación armoniosa y
estética de las relaciones humanas, el buen decoro de las
instituciones y sus actos, la defensa de su dignidad y el agrado
de todos los asistentes a los mismos.
No se trata de oficializar los actos con la aplicación
del protocolo, sino de posibilitar su correcta ejecución-
con independencia del estilo propio con que el anfitrión
desee impregnarlos- con la única limitación del
cumplimiento de las normas y el respeto a las costumbres y tradiciones,
el sentido común, el agrado de los invitados y el decoro
de las instituciones y sus representantes.
EL PROTOCOLO EN LA ADMINISTRACION LOCAL
En un sentido amplio puede considerarse acto oficial toda actividad
pública que realice una autoridad. Todo este conjunto de
actividades públicas se materializan mediante la aplicación
del Protocolo y las técnicas de la Etiqueta y el Ceremonial.
Las entidades
locales son las instituciones públicas con mayor número
y variedad de actos protocolarios (tomas de posesión; recepciones
y audiencias; visitas de personalidades; primeras piedras; aperturas
de calles; descubrimientos de placas; homenajes y entregas de
distinciones; inauguraciones; organizaciones de jornadas, seminarios,
congresos o ferias; presentaciones oficiales; firmas de convenios;
procesiones y fiestas populares; etc..). Ello implica en muchos
casos la asistencia de autoridades de diversa índole y
la representación de distintos colectivos: sociales, empresariales,
culturales…
Sin embargo,
la regularización de la organización protocolaria
en instituciones públicas es escasa, por lo que se hace
preciso determinar con criterio y eficacia la ordenación
en cualquier acto de las autoridades junto con otros posibles
asistentes consiguiendo, además, contentar a todas las
personas implicadas en ellos.